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CERCLE OBERT DE
BENICALAP
INICIATIVAS SOCIALES Y CULTURALES DE FUTURO
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e-mail: marsegan@hotmail.com
La falta visible de
programas públicos, locales y autonómicos, destinados a la creación de un
parque de viviendas de alquiler y de protección oficial, debe ser
subsanada con la debida urgencia por los Ayuntamientos, contando con la
colaboración estrecha de la Generalitat Valenciana y el Gobierno central.
El primer paso para
conocer la realidad, es crear un inventario detallado y actual de los pisos
vacíos que existen en la ciudad de Valencia. Esta medida debe ser acometida
por las autoridades locales, activándose medidas de castigo económico para
aquellos propietarios que no pongan en venta o alquiler dichas viviendas.
Evitar a toda costa la
picaresca, la especulación desproporcionada y las actividades de usura son
medidas que deben ser asumidas y desarrolladas urgentemente por las
autoridades locales, autonómicas, provinciales, en estrecha colaboración y
coordinación con el Gobierno central y con las autoridades europeas.
Según fuentes del Instituto
Nacional de Estadística, en la ciudad de Valencia hay unas 66.000 viviendas
vacías. No es lógico que se potencie, se respalde y se subvencione el sector
inmobiliario, permitiéndose la destrucción del patrimonio natural (la huerta)
en aras a potenciar un falso y fugaz desarrollo que única y exclusivamente
alimenta al sector especulador; y no consolida elementos de crecimiento
estable y duradero para todos los ciudadanos y habitantes.
El sector productivo ha
desaparecido de Valencia, dando paso a los sectores financieros que juegan
con el espejismo, con la burbuja de la especulación inmobiliaria, como un
factor mágico y supuestamente eterno de crecimiento, generador de bonanzas y
bienestar crónicos.
La Administración pública
–tanto local y autonómica como central– tiene la obligación de controlar,
regular, normalizar y marcar pautas rigurosas destinadas a evitar
saturaciones y prácticas especulativas. Que rozan la legalidad, dado que los
factores de crecimiento económico actualmente se basan en la mera
especulación y en la total destrucción de industrias y actividades básicas
que siempre han demostrado su eficacia y valor.
Castigar con nuevos
impuestos a todos aquellos que participen de manera impune en operaciones
especulativas a gran escala, es un paso primordial y esencial que deben
estudiar y aplicar nuestros gestores públicos con diligencia.
Promover viviendas
públicas de alquiler y controlar de manera rigurosa a todas las empresas y
negocios inmobiliarios, es el primer paso para que España deje de ser el
paraíso de los pelotazos, la desidia industrial y la corrupción permanente.
Invitamos a las autoridades
locales a incrementar el IBI en un 100% a los propietarios que mantengan sus
pisos cerrados durante un periodo de 12 meses, así como a promover verdaderas
Agencias de Alquiler y Ventas a precios asequibles al conjunto de ciudadanos.
Igualmente consideramos
esencial que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo controlen y
vigilen, de manera estrecha y constante, a todas y cada una de las numerosas
empresas inmobiliarias, entidades financieras… dada la existencia de miles de
denuncias y quejas sobre el mal funcionamiento y los irregulares y pésimos
servicios que prestan a clientes y usuarios. Europa y las agencias policiales
internacionales consideran que España es el mejor refugio que tiene la alta
delincuencia para realizar todo tipo de actividades de blanqueo. Siendo
lamentable que más de medio millón de mujeres se dediquen a la prostitución
bajo el control de ciertos grupos mafiosos internacionales.
La Administración pública
tiene el deber de controlar, supervisar y fijar los precios de tasación de
las viviendas, realizando inspecciones y campañas policiales, fiscales,
laborales, serias y constantes para evitar el actual desprestigio económico,
judicial y social que tiene España en Europa.
Emprender acciones
administrativas, políticas y policiales contra las mafias inmobiliarias y
contra los grupos que utilizan los negocios del ladrillo para lavar dinero
negro, es un deber ineludible. Tanto los Ayuntamientos como el Gobierno
autonómico y el central tienen la necesidad de coordinar esfuerzos y diseñar
políticas activas para detener y terminar con el caos y desastre económico y
financiero que tanta especulación y corrupción urbanística provocan en todos
y cada uno de los sectores y áreas que conforman el tejido social, económico
y laboral de España.
Mientras no existan
programas públicos integrales, que controlen y regulen el mercado
inmobiliario, España seguirá siendo el paraíso principal de las mafias, de
los delincuentes de todo tipo y de los reyes del pelotazo. Condenando a la
población anónima a una creciente e imparable precariedad en todos los
ámbitos.
Invertir en desarrollo
sostenible, potenciar el control y fiscalización de la actividad económica,
productiva, educativa... es una labor que no puede delegar y privatizar
ningún gobierno legítimo y soberano. Los ciudadanos tenemos la obligación de
exigir a nuestros representantes públicos que pongan los medios, que activen
y reserven los recursos humanos, técnicos y económicos para acabar con el
caos económico, inmobiliario, laboral, educativo, sanitario, de transporte...
que padecemos en España.
Rogamos que el
Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana proceda a estudiar nuestra
queja y sugerencia, invitando a las autoridades correspondientes para que
valoren nuestras peticiones; en aras a crear un inventario de viviendas
vacías que deben ser ofrecidas en alquiler a precios asequibles, castigando
económicamente a todos aquellos propietarios o empresas que se nieguen.
Igualmente es básico que se
potencien unidades de lucha contra la corrupción en el Ministerio de
Hacienda, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Justicia, en el
Ministerio de Interior, para iniciar campañas de inspección fiscal y laboral
en las numerosas empresas inmobiliarias y financieras que se han creado
últimamente. Dado que muchas de ellas vulneran de forma sistemática y alevosa
la legislación vigente.
Otro tema vital, que debe
estudiarse de forma detenida y sistemática, es la necesidad de incrementar los
recursos técnicos y humanos, así como de elevar las partidas presupuestarias,
para luchar contra las causas de la pobreza y la marginación, dado el aumento
de pobres y excluidos en los núcleos urbanos y rurales.
Agradecemos el interés del Defensor
del Pueblo Valenciano, rogando que se invite a las autoridades locales,
autonómicas y centrales (Ayuntamiento de Valencia, Generalitat Valenciana,
Diputación Provincial...) a que promuevan campañas y programas, eficaces,
sistemáticos y coordinados, que permitan controlar y acabar con las altas
dosis de especulación desorbitada y obscena que padecemos los ciudadanos de a
pie. Asimismo rogamos que se luche policial y administrativamente contra las
numerosas mafias internacionales que hacen su agosto gracias a la constatable
y visible falta de control público en las actividades productivas.
Benicalap – Valencia, a 11 de mayo de 2006
CERCLE OBERT DE BENICALAP
INICIATIVAS SOCIALES Y CULTURALES DE FUTURO
Antonio Marín Segovia
Presidente
SR. SÍNDIC DE GREUGES DE
LA COMUNITAT VALENCIANA
C. Pasqual Blasco, 1
ALICANTE - 03001
EXCMO. SR. FISCAL GENERAL DEL ESTADO
C. Fortuny, 4
MADRID - 28071
http://www.quediario.com/blogs/13746/
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