Ni siquiera Dios se acuerda de ayudar a la pobre
gente que vive en Agryfersa
Antonio Marín Segovia
La Comunidad de Agryfersa lleva varios largos meses sumida en el más
abyecto y visible abandono, desgobierno y degradación total: sin ningún tipo de
servicio de limpieza, sin seguridad, sin mantenimiento...
La Junta Directiva actual (que lleva más de cinco años en la poltrona) sigue
empeñada en intimidar, amenazar, coaccionar, insultar, injuriar, calumniar,
difundir todo tipo de infundios... y sigue empeñada en no asumir las
obligaciones y tareas que debe acometer, según establece y dispone la Ley de la
Propiedad Horizontal.
Un colectivo de propietarios nos hemos organizado (ajustándonos a lo
establecido en la legislación vigente) para poder vivir con un mínimo de
dignidad, con un mínimo de seguridad y decoro en nuestra compleja Comunidad de
Copropietarios, aunque la Junta Directiva (un grupo minoritario, anciano,
ignorante y sectario) se empeña en no dimitir y en no permitir la entrada de
nuevas personas, así como sigue obsesionada en no proceder a limpiar y a dar
seguridad a los vecinos y propietarios, a esos habitantes que malviven en una
colmena de 378 apartamentos.
Hay un administrador que no está colegiado y que desarrolla su función
profesional con una prepotencia, arrogancia, cinismo y mala educación, propia
de un dictador bananero y gangsgteril... Pueden ustedes comprobarlo llamándole
y haciéndole cualquier pregunta trivial. Hitler, a su
lado, es un santo.
Nadie, absolutamente nadie se acuerda de nosotros, a pesar del asesinato
cometido ayer en nuestra Comunidad de Agryfersa.
Manuel, el pobre vecino y amigo nuestro, fue salvajemente apuñalado por un
desconocido, mientras la Presidenta sigue empecinada en no poner seguridad y en
no gastar ni un triste euro en limpieza, a pesar de que hay más de 12.000 euros
en la hucha común de Agryfersa... El incidente de ayer no es el primer
incidente violento que sufrimos en nuestra comunidad, y eso que algunos
propietarios llevamos años reclamando seguridad, limpieza, mantenimiento y
programas de servicios sociales a las instituciones públicas, para las
numerosas personas que padecen algún tipo de exclusión, marginación, pobreza,
enfermedad, adicción... Pueden ustedes consultar los registros y los archivos...
Pero a nadie le interesa resolver y escuchar a la pobre gente, a la pobre y
humilde gente que habita en las corralas de Valencia.
A una petición de ayuda formulada por un servidor, el supuesto administrador no
tuvo otra respuesta que remitir un escrito repleto de insultos contra un
servidor... Parece que a ese señor le interesa que la violencia y la miseria se
adueñen de nuestras vidas, pues siempre se empeña en silenciar nuestras justas
peticiones y reclamaciones...
Nadie se acuerda de la Comunidad de Agryfersa, a pesar del asesinado, a pesar
de las numerosas plagas de ratas, cucarachas que llevamos años padeciendo en
silencio, mientras la presidenta y su junta, repleta de analfabetos y gente
anciana nos amenaza, intimida, denuncia, insulta, injuria... Nadie se acuerda
de las personas que habitan Agryfersa, a pesar de que la Presidenta colapsa y
satura los juzgados y las comisarías, con denuncias repletas de testimonios
falsos, inventados... Nadie se acuerda de las personas humildes y pobres que
habitan la mayor colmena de España, edificio que sufre el mayor acoso
inmobiliario de toda España...
Las personas sencillas, humildes no tenemos derecho a vivir con dignidad... las
personas que habitan en Agryfersa no interesan a nuestros representantes, y a
los periodistas no les importa un pito si seguimos rodeados de mierda, de
plagas, de mentiras, de calumnias, de amenazas... Somos una simple anécdota, un
relleno, un espacio en un diario, destinado a cultivar el morbo temporal de una
sociedad repleta de autistas, de insolidarios, de gente indeseable y zafia...
Pero a pesar del silencio miserable y cómplice de periodistas, políticos... los
vecinos hemos logrado organizarnos y derrotar a la Junta Directiva utilizando
la verdad y la razón, a pesar de las manipulaciones, amenazas, coacciones,
injurias, calumnias, difamaciones, intimidaciones...
Gracias a todos los cobardes y miserables que se han olvidado de apoyar a la
pobre gente, a la gente humilde, sencilla, a los desamparados, a los que ni
siquiera tienen voz... ahora ya todos sabemos que estamos solos en Valencia y
que nuestra sociedad es un nido de serpientes, donde las instituciones nunca
funcionan ni respetan sus propias leyes.
La basura y las plagas siguen rodeando los patios, pasillos y escaleras. Los narcotraficantes
siguen actuando con total impunidad gracias a que nadie se acuerda de nosotros.
La pobreza y la miseria siguen haciendo mella en la gente que no tiene
preparación y a duras penas sabe expresar algún tipo de sentimiento...
Nadie se acuerda de nosotros. Ni tan siquiera los periodistas amarillos y
sensacionalistas, esos enemigos de la vida y de la dignidad.
Nadie se acuerda de nosotros. Ni siquiera Dios se acuerda de ayudar a la pobre
gente que vive en Agryfersa.
No tenemos otro remedio que aprender a vivir en total soledad, aceptando
la indiferencia, la obscena y profunda indiferencia y pasividad que manifiestan
el resto de nuestros convecinos, periodistas, instituciones...
Antonio
Marín Segovia
Texto recibido el 12 de abril de
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Los
abusos y acosos inmobiliarios tienen solución
Soluciones hay para todo, incluso
para evitar y detener los abusos y los acosos inmobiliarios, pero para ello
debemos implicar y lograr la colaboración de las instituciones, de los medios
de comunicación, de todos los afectados. Hacer amable y agradable la
convivencia en edificios como Agryfersa, es posible, si sabemos y queremos lograr
la participación directa de todos
Antonio
Marín Segovia (La Comuna de Agryfersa)
Las personas humildes, los ancianos, emigrantes, desempleados... son las presas fáciles e ideales para sufrir el ya conocido acoso inmobiliario por parte de ciertos personajes sin escrúpulos, sin alma...
En pleno corazón de la gran Valencia (en el famoso edificio de Agryfersa, una especie de castiza Corrala galdosiana) hay un caso de acoso masivo que afecta desde hace años a gran número de personas sencillas, de seres que tienen miedo a denunciar su situación oficialmente, dada la falta de medidas institucionales para combatir ciertos aberrantes comportamientos. Aquí, la Fiscalía General del Estado y las instituciones judiciales valencianas tienen un papel clave, pues las personas y los colectivos con escasos recursos no pueden mantener largos y embrollados litigios legales, en aras a velar por sus legítimos derechos a vivir dignamente en una espacio urbano adecuado, dada su falta de medios económicos y la falta de comunicación que hay entre los ciudadanos y las instituciones.
La feroz especulación, el encarecimiento de la vivienda y la ausencia de planes sociales públicos, que favorezcan la creación de viviendas sociales (no confundir con Viviendas de Protección Oficial) para los colectivos más débiles, ha permitido la instalación y extensión de una despiadada y obscena picaresca, ejercida con total impunidad por ciertas personas, que no tienen reparo alguno en abusar de la necesidad y de la buena fe de la gente humilde, de las personas con escasos recursos económicos, poca preparación profesional, origen étnico...
Ya hace tiempo que algunos colectivos (V de Vivienda, Vivienda Digna...) han denunciado, de manera clara y sistemática la situación del acoso inmobiliario, de la vergonzosa falta de actuaciones institucionales para lograr que la vivienda sea realmente un Derecho constitucional, un Derecho Humano, que podamos disfrutar todos sin hipotecarnos, sin arruinarnos emocional y económicamente para el resto de nuestras cortas vidas...
Toca ahora que las instituciones púbicas valencianas y el gobierno central, se pongan a elaborar con el debido rigor (junto con los colectivos sociales y los ciudadanos afectados) un plan destinado a la rehabilitación de las precarias viviendas, que fueron construidas en las décadas de los años 50, 60... permitiendo que la convivencia y la dignidad pueda existir, eliminándose todo tipo de conductas medievales y caciquiles, para que pueda imperar la transparencia, la participación real y efectiva de todos los propietarios, inquilinos... en la gestión y el autogobierno de esos espacios urbanos comunes. Urge, igualmente, la creación de una Oficina contra los Abusos y los Acosos inmobiliarios en Valencia, pues el asunto es realmente grave, afectando al bolsillo y a la salud de muchas personas.
La problemática del acoso y de los abusos inmobiliarios debe ser una prioridad esencial y urgente, pues afecta a muchas personas, a muchos colectivos humanos y en los últimos años, se han instalado hábitos y actuaciones aberrantes que impiden y entorpecen la convivencia, favoreciendo la degradación y el deterioro del entorno, de las relaciones personales y proyectando una mala imagen de una ciudad, tan dinámica como es Valencia. La clave para la resolución de muchos conflictos, tipo Agryfersa, pasa por la intervención directa de las instituciones, en aras a permitir una renovación total de sus Juntas Directivas, instalando la transparencia y la participación como normas básicas que todos debemos asumir y respetar.
Desde el silencio o la represión y persecución de las justas protestas de los copropietarios afectados, nada bueno y positivo se puede obtener, dado que el problema y la degradación siguen creciendo, siguen extendiéndose día a día, dada la crónica falta de mantenimiento. Se impone la necesidad vital de dar voz a los que han permanecido amenazados, coaccionados, silenciados, chantajeados... pues ellos , los propios afectados, tienen la llave para lograr que la convivencia amable y la buena gestión pueda regresar a ese edificio de 378 apartamentos, ubicado en Benicalap, Valencia, un barrio que alberga espacios emblemáticos y singulares como el Hotel Hilton, el Palacio de Congresos, la Ciudad Sanitaria la Fe, Nuevo Centro, Hipercor, la Consellería de Cultura...
Soluciones hay para todo, incluso para evitar y detener los abusos y los acosos inmobiliarios, pero para ello debemos implicar y lograr la colaboración de las instituciones, de los medios de comunicación, de todos los afectados. Hacer amable y agradable la convivencia en edificios como Agryfersa, es posible, si sabemos y queremos lograr la participación directa de todos.
Yo tengo plena confianza y estoy convencido que todos podemos poner de nuestra parte para lograr la rehabilitación integral del edificio, así como se impulsan y se desarrolla programas para ayudar a las personas mayores y enfermas que viven solas allí, sin olvidar la existencia de ciertos colectivos que padecen desempleo y exclusión...
Escuchar a los afectados con calma, canalizar las justas peticiones de los indignados afectados, es el primer paso para permitir la convivencia y recuperar la confianza entre las instituciones y los vecinos.
Antonio Marín Segovia
LA COMUNA DE AGRYFERSA
http://lacomunadeagryfersa.co.cc/
Carta
de medidas contra la violencia inmobiliaria y urbanística
Enviat
per Taller
Soñar con un piso en condiciones adecuadas se ha convertido en una pesadilla para un gran número de habitantes de Barcelona. Según datos oficiales, tan sólo desde finales de 1997 hasta la actualidad los precios de los pisos han subido más de un 150%, mientras que los ingresos netos salariales en los sectores con convenio subieron sólo un 34,5%. El endeudamiento medio de los hogares pasó del 45% en 1990 a más del 60% en 2004. El precio medio de los alquileres en el Área Metropolitana subió de 355 euros en 1999 a 617 en 2004. Al mismo tiempo continúa aumentando el número de pisos vacíos: según el censo de 2001, sólo en la provincia de Barcelona la cifra superaba los 300.000 (y ha continuado creciendo con unas tasas excepcionales).
La conversión de la vivienda en pura mercancía y objeto de especulación ha creado un círculo vicioso de presiones y miedo que precariza las condiciones de vida de amplias capas de la población. Cada vez hay más personas que se ven obligadas a irse de la ciudad e instalarse a una distancia de hasta 50 km debido a que no pueden encontrar un piso asequible. Y cada vez hay más personas obligadas a jornadas laborales extenuantes en trabajos cada vez más precarizados para pagar su hipoteca o alquiler. Pero aún así para muchos no alcanza: sólo en 2002 hubo 3.675 desahucios en Barcelona.
El hecho de que la ciudad de Barcelona se haya convertido en las últimas décadas en una ciudad marca, donde se ha puesto en funcionamiento un modelo que convierte el territorio urbano en un factor productivo en sí mismo, ha abonado el terreno para la proliferación de la violencia inmobiliaria y urbanística. Esta violencia desencadenada por el «libre mercado” y asistida por la Administración mediante sus planes de transformación urbanística, provoca una devastación del tejido urbano que produce desplazamientos de población, desahucios y el secuestro del espacio público. Esta especie de limpieza social y de higienización del espacio público también está detrás de la campaña neoconservadora de civismo iniciada por el Ayuntamiento para desviar la atención sobre las disfuncionalidades de su modelo de ciudad.
Es en las zonas afectadas por procesos de transformación urbanística (Ciutat Vella, Poble Nou, Sants…) donde el llamado «mobbing inmobiliario” se cobra el mayor número de víctimas y donde un mayor número de personas tiene que abandonar su hogar por los aumentos de alquiler abusivos, o simplemente porque el propietario quiere especular con los pisos. Por otro lado, esta selva inmobiliaria ha generado formas de organización vecinal que se enfrentan desde la/s Barcelona/s real/es al modelo Barcelona: una resistencia ampliamente extendida a la especulación y un no a cada plan urbanístico.
El acuciante problema de la vivienda ha sido un banderín en los programas electorales de todos los partidos que han ascendido al poder en los últimos años. Sin embargo, las medidas anunciadas por los actuales gobiernos de «izquierdas” –como p.e. las subvenciones a los propietarios para fomentar el alquiler de los pisos o los planes de vivienda– están lejos de cumplir su promesa de «garantizar el derecho a la vivienda y a la ciudad”, puesto que no contemplan ninguna medida de regulación del mercado.
Por todo lo expuesto, exigimos a los partidos de gobierno que dejen de vulnerar los preceptos de la Constitución española (en concreto el art. 47, que les obliga a «promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”) y que cumplan sus compromisos adquiridos con la firma de convenios internacionales de salvaguarda del derecho a la ciudad.
Con el objetivo de hacer efectivos dichos derechos a la vivienda y a la ciudad, exigimos a la Generalitat y al Ayuntamiento que inicien los pasos necesarios para la adopción de las medidas siguientes:
1. Limitación del precio de los alquileres y del precio de los pisos, de modo que no tengamos que pagar nunca más del 30% de nuestra renta por el alquiler o la hipoteca. En el caso de las personas cuyos ingresos no superen los 1.283 euros al mes (2,5 veces el salario mínimo interprofesional), el precio del alquiler o de la hipoteca no podrá superar nunca el 20% de los ingresos disponibles (tal como lo establece el «Pla per al dret a l’habitatge” de la Generalitat en algunas de las subcategorías de sus pisos de protección).
2. Moratoria de los PERIs y reformas urbanísticas, hasta que se haya realizado un estudio de impacto social y medioambiental en cada una de las actuaciones y hasta que no se hayan elaborado mecanismos para garantizar la participación real de los vecinos en cualquier decisión que afecte su entorno vital.
3. Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). En concreto, derogación del art. 9° del Decreto Boyer que establece la supresión de la prórroga forzosa, así como del apartado 1 del art. 9° de la LAU de 1994 que establece un máximo de cinco años de vigencia de los contratos de alquiler. E inicio de un amplio proceso de debate y consulta que deberá llevar a la elaboración de una nueva LAU que haga efectivo y garantice el derecho a la vivienda.
Por otro lado, el dramatismo de la situación actual exige una solución inmediata de los casos más extremos provocados por la violencia urbanística e inmobiliaria. Por lo tanto, y mientras no se hayan satisfecho los tres puntos anteriores, reclamamos la aplicación inmediata de las siguientes
Medidas de emergencia
• Medidas que hagan efectiva la transparencia de los Registros de la Propiedad; por ejemplo, la obligación de informar a todas las partes implicadas en la venta de una finca o de un piso, y la publicación mensual o trimestral de las operaciones de compra-venta realizadas en un mismo registro (y divididas por fincas).
• La condición, para la concesión de subvenciones para la rehabilitación de edificios, de una moratoria de cinco años en los precios de los alquileres y de un aumento ajustado estrictamente al IPC una vez finalizado este plazo.
• La penalización de los inmuebles vacíos, sin utilizar o abandonados (mediante el aumento del IBI, la amenaza de expropiación o la cesión forzosa).
• La despenalización de la ocupación de inmuebles abandonados, con la abolición de las penas de multa, prisión y condena en costas que actualmente recoge la ley.
• La revocación de los documentos de propiedad de un inmueble a partir de los cinco años de abandono.
• La prohibición de venta de suelo público.
• La tipificación de las prácticas de acoso inmobiliario (mobbing) como vulneración del derecho a la vivienda y su sanción con penas proporcionales a la importancia del mismo. En el caso de la participación en estas prácticas de miembros del Registro de la Propiedad, funcionarios municipales o autonómicos, sociedades mixtas público-privadas y administradores de fincas, una primera medida debería ser su inhabilitación para cualquiera de estos cargos públicos.
• La intervención de las instituciones municipales y autonómicas como acusación pública en casos de acoso inmobiliario denunciados por vecinos, como medida disuasoria para contrarrestar la impunidad con la que actúan empresas y particulares en este sector.
Dada la extrema gravedad de la situación y mientras no se apliquen las medidas exigidas en este documento, los abajo firmantes hacemos una llamada a emprender acciones de desobediencia civil que visualicen la insostenibilidad del modelo actual y que generen redes de defensa, lucha y resistencia contra la violencia inmobiliaria y urbanística.
Escrito en algún lugar de la selva inmobiliaria, septiembre de 2005
Más información: http://mobbingbcn.blogspot.com
Puedes enviar tu adhesión enviando un mail
a
violenciaurbanistica@sindomnio.net
o esta carta firmada a
El Lokal, C/de la Cera, 1bis, 08001 Barcelona
Primera
lista de adhesiones
Colectivos y asociaciones:
Arquitectes sense Fronteres; Asociación Renta Básica (AREBA); Assemblea del Barri de Sants; Assemblea dels Horts Comunitaris; Associació de Veïns de Finestrelles (Esplugues de Llobregat); Ateneu Llibertari del Besós; Ateneu Rosa del Foc; Associació de Veïns del Casc Antic; Casa de Nicaragua; Casal de Joves de Prosperitat; Centre Social de Sants; CGT de Catalunya; CGT-Correus; CGT-Federació Local de Barcelona; Col·lectiu de Solidaritat amb la Rebel·lió Zapatista; Col·lectiu Ariadna Pi, Col·lectiu d’Artistes de Can Font-Estrade Constructors; Comissió de Veïns del Gòtic; Comissió de Veïns de la Bordeta; Confederación Argentina de Trabajadores (CAT); Cooperativa Gregal; Coordinadora Contra l’Especulació del Raval; Coordinadora d'Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris; Coordinadora Popular de Festes (Gràcia); El Lokal; El Solar pel Barri; Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (Favb); La Torna (Gràcia); Laciutatinvisible-Sants; La Quimera (Verdi, 28.), Masala; Miles de Viviendas; Migjorn (centre de part natural); Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC); Pimiento Verde; Plataforma ciudadana de Dinero Gratis; Plataforma pel Soterrament de les vies i contra el pla de l’estació de Sants; Plataforma Popular contra el Pla Caufec; Plataforma Proequipaments i Habitatge Besòs-Diagonal Mar; RadioLinea4, RAI, Salvem Can Ricart; Repensar Barcelona-Recuperar la ciudad, Seminari d’Economia Crítica TAIFA; Transgènics Fora; SostreCivic, Virus Editorial; Xarxa Agroecolígica Catalunya
Algunas firmas individuales:
Arcadi Oliveras (president de Justícia i Pau); Eduard Moreno (abogado y urbanista); Gerardo Pisarello (professor de Dret Constitucional de la UB); Jaume Asens Llodrà (Abogado y vocal de la Comissió de Defensa del Col·legi d'Advocats de Barcelona); Jaume Matifoll (urbanista), Joan Subirats Humet (catedrático de Ciència Política de la UAB); José Iglesias (catedrático de Ciències Econòmiques); Josep Maria Navarro (president de SodePau); Marco Aparicio Wilhelmi (professor de Dret Constitucional de la UG); Maria Gabriela Serrra (ex-presidenta de la Federació Catalana d’ONGs); Marta Mendiola (Observatori DESC), Miren Etxezarreta (catedrática d’Economia Aplicada); Pablo Escámez Parra (advocado); Vanessa Valiño (Observatori DESC); Joaquim Jordà; Albert Pla; Conservas; Manu Chao; Ojos de Brujo
Texto recibido el 24 de marzo de
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