Una Iglesia descarriada
La Iglesia católica pretende instituir ante la opinión pública una
imagen de persecución que no casa con la realidad de una convivencia
democrática
Fernando Ruiz Cerrato
Sin
detenerse a analizar causas mucho más profundas que el manido anticlericalismo
existente en España durante la II República como origen para que se manifestara
una furibunda hostilidad contra la Iglesia católica junto al estallido de la
Guerra Civil, y aprovechando para su difusión el setenta aniversario del golpe
de Estado de Franco contra un régimen legalmente instituido, un sacerdote de la
Archidiócesis de Madrid, José Francisco Guijarro, ha publicado un compendio o
sumario sobre la persecución y asesinato de miembros del clero; todos ellos,
desde obispos, párrocos y sacristanes hasta frailes y monjas, “tenidos
por enemigos de la República”.
El
desconocido autor de este libro es el encargado de postular ante la Santa Sede
en nombre de la diócesis de Madrid-Alcalá para canonizar a los
“mártires” religiosos durante el enfrentamiento civil causado por
el golpe de Estado de Franco y sus partidarios en 1936; un proceso que durante
el papado de Juan Pablo II ha tenido un resultado especialmente generoso. Es,
por tanto, el inédito Francisco Guijarro una voz autorizada de la Iglesia
católica, la misma que no soportó el advenimiento de la II República y, en
consecuencia, la privación de hegemonía de los valores católicos.
Tal y
como recoge el historiador Julián Casanova, “la Iglesia movilizó a la
población, amparó un movimiento de masas que bajo el paraguas ideológico del
catolicismo refugiaba en él a las clases dominantes, a lo sectores más
conservadores”. Así también, el hispanista inglés Frances Lannon mantiene
que “la pérdida del poder de la Iglesia sobre el cuerpo político tras la
caída de la monarquía en 1931 se tradujo directamente en una pérdida o
disminución de su influencia sobre la educación, los rituales públicos, la
censura y la legislación rectora del matrimonio y el divorcio”.
Al hilo
de estas remembranzas, la Iglesia católica mantiene en la actualidad en España
un constante inmovilismo a través del tiempo que la hace, por lo menos,
despreciable ante los ojos de cualquier observador ponderado. Conservando los
mismos privilegios de antaño sin sufrir los rigores de un clima de exacerbación
social, pretende instituir, ante la opinión pública y ante una feligresía que
se le escapa a borbotones, una imagen de persecución y martirio.
Esta
imagen no casa ni de lejos con la realidad de una convivencia democrática
normalizada, y de ausencia de la marcada polarización social
proletariado-burguesía como la que se enseñoreaba violentamente del espacio
político de principios del siglo pasado.
Es más,
como ya procediera entonces la Iglesia católica española, la merma de
influencia ocasionada por la propia evolución de los tiempos y por la lógica
aplicación de políticas decididas por Gobiernos socialistas (en un país
definido como aconfesional por su Constitución) hace que hoy (con más descaro,
porque son dóciles los tiempos y los ciudadanos cuentan con medios suficientes
para poder informarse y discernir) los prelados adopten una actitud radical. Movilizando
a través de su potente infraestructura organizativa a toda una base social que
conecta ideológicamente con la derecha política; y que no se mueve ante
reclamos de doctrina religiosa sino por llevar la protesta partidaria a la
calle.
La
Iglesia católica española permanece hoy anclada en un fundamentalismo
inapelable, ajena a que el 80% de los españoles se confiesa católico pero sólo
el 20% practica el culto, y a que una gran mayoría es contraria a
recomendaciones de castidad y admiten, encantados de la vida, el uso del
preservativo, el divorcio y el aborto.
Es, en
definitiva, una Iglesia descarriada, que representa la antítesis de lo que piensa
la mayoría de la sociedad. Y que en vez de analizar las razones de ese
descarrío se confía a causas sobre las que no tiene competencias. Entre ellas
la unidad de España (cuestión que ha hecho convocar una sesión extraordinaria a
la Conferencia Episcopal Española por primera vez en su historia), en una
pasión militante “partidaria de reconocer en un único Dios verdadero la
existencia de tres singularidades distintas”, como muy acertadamente ha
comentado el poeta granadino Luis García Montero.
Por volver al inicio de este escrito, y para compensar el ritual y la mitología montados en torno a los mártires beatificados y sin beatificar, convendría que los obispos españoles, coincidiendo con el setenta aniversario del inicio de la Guerra Civil, se reunieran para emitir un documento en el que pidieran perdón por el apoyo tributado por los clérigos, con los obispos a la cabeza, a la política de exterminio llevada a cabo por los golpistas de 1936, por su connivencia a lo largo de cuarenta años y por el silencio mantenido hasta el momento.